- Los principales sectores afectados son el transporte y la logística, la industria, la agricultura, el turismo y el inmobiliario
El riesgo geopolítico está impactando de lleno en la actividad de las empresas españolas, tal y como lo señalaban los directivos en el reciente Informe “Perspectivas 2026” realizado por KPMG y CEOE, en el que un 44% reconocían que habían tenido que replantear sus estrategias precisamente por la situación geopolítica.
En este complejo escenario, KPMG ha elaborado una guía para ayudar a las empresas a mitigar en la medida de lo posible el impacto de los riesgos geopolíticos que cada vez son más frecuentes, en una suerte de disrupción casi permanente. Fernando Cuñado, socio responsable de Mercados y del área de Forensic de KPMG en España, ha asegurado que “las empresas trabajan en un entorno sometido casi a constantes shocks geopolíticos que, en el caso de Oriente Medio, más allá del doloroso saldo de pérdida de vidas humanas, está teniendo un impacto a nivel mundial y ha sembrado el caos en las economías de los países más directamente afectados, pero no solo, ya que el impacto ha sido enorme a nivel global en los precios de la energía, las cadenas de suministro y los mercados financieros, que son los principales canales de transmisión de la crisis”.
El conflicto de Oriente Medio ha puesto de nuevo de máxima actualidad la energía, por lo que esta debe dejar de considerarse como un mero insumo operativo para convertirse en un eje central de la estrategia, capaz de condicionar la viabilidad de proyectos, inversiones y operaciones, lo que supone un cambio total de paradigma para las empresas. Del mismo modo, los directivos deben incorporar el riesgo energético en el mapa global de riesgos de la organización, aumentar la diversificación de proveedores y fuentes, revisar los marcos contractuales y legales, así como analizar la gestión de coberturas y derivados energéticos.
En cuanto a las cadenas de suministro, las empresas deben rediseñarla por funciones o segmentos y no como un todo ya que no todos los productos necesitan el mismo nivel de resilencia y, además, deben introducir opcionalidad y flexibilidad y preacuerdos de contingencia.
Y, como no podía ser de otra manera, los aspectos legales son cruciales en este tipo de situaciones, por lo que es fundamental revisar los contratos para identificar cláusulas de fuerza mayor, condiciones económicas y capacidad de trasladar incrementos de precios y en qué horizonte temporal. Además, los expertos de KPMG Abogados aconsejan explorar la posibilidad de renegociar contratos futuros incorporando cláusulas que permitan mayor flexibilidad ante escenarios extraordinarios, abordar la gestión de riesgos financieros y operativos identificando dónde están, cómo están cubiertos y si se pueden trasladar a clientes o proveedores.
Aquí los seguros juegan un papel clave ya que, en principio, los riesgos derivados de guerra están excluidos de los seguros generales y deben ser objeto de un seguro específico (War Risk) que, a su vez, puede excluir determinadas zonas de su cobertura. En este momento las aseguradoras no han excluido formalmente la navegación por el Estrecho de Ormuz aunque el precio de las primas ha subido considerablemente.
Otra de las consecuencias de la guerra de Irán es el impacto en los precios derivados del alza de la energía y, por ende, en el consumo. En este escenario las empresas, según KPMG, deben poner en marcha estrategias de precios más sofisticadas ajustándolos con mayor frecuencia en función de los costes y de la demanda, e incluso fijándolos por canal de venta o zona geográfica para reflejar mejor los costes logísticos, además de optimizar el portafolio para eliminar referencias poco rentables o muy complejas a nivel de transporte. En la misma línea, se debe monitorizar el comportamiento del consumidor para poder diseñar estrategias que respondan a sus prioridades e incrementen su confianza. Y, además de todo lo anterior, se debe negociar con los retailers para llegar a acuerdos que permitan compartir el impacto de los incrementos de costes al tiempo que aseguren el suministro de productos esenciales con el objetivo de proteger la denominada cesta básica, manteniendo en todo momento su precio ajustado.
Fuente: KPMG