Aitor Cubo: «La Justicia en España estaba de espaldas a la Administración».
El director general de Transformación Digital en el Ministerio de Justicia defiende en una entrevista con CIO España las iniciativas de digitalización con «números y realidades» que ha llevado a cabo el ministerio. Si bien queda camino por recorrer, la justicia española, dice, ya es un referente global.
A pesar de los significativos avances en materia de transformación digital, la justicia española se sigue considerando como un ente antiguo, mastodóntico y lento. Quienes trabajan en su digitalización no se lo explican. Se han dado pasos de gigante en los últimos años, acortando plazos en procesos, digitalizando tareas presenciales, automatizando las manuales y habilitando la interoperabilidad entre órganos que antes no se hablaban, acortando tiempos.
No ha sido una tarea sencilla. El tiempo finito de las legislaturas, de apenas cuatro años, dificultan la consumación de los proyectos digitales más ambiciosos. Desde que un nuevo equipo toma las riendas de un órgano público, acuerda las necesidades de uno u otro proyecto, lo aprueba, abre el proceso de licitación, lo asigna, lo aterriza y lo pone en marcha se agota el plazo.
Pese a las limitaciones y las percepciones, el equipo que lidera Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, ha llevado a buen término numerosos proyectos que han acelerado la transición digital del órgano, también bendecida por la lluvia de dinero público europeo.
¿Cuál es el balance que haces de las iniciativas puestas en marcha en clave de digitalización y los resultados obtenidos?
La verdad es que estamos muy contentos porque hay números y realidades. Hay un balance bastante interesante en relación a los resultados tangibles que estamos viendo en todas las iniciativas que se están haciendo. Hay una cuestión que trajimos -nosotros venimos de la parte de Administración General y además de determinados proyectos también en el ámbito internacional-, que es el concepto de retorno de inversión, de números, de especificar resultados. Es algo que tenemos muy interiorizado en todos los proyectos de transformación digital de la Justicia.
La justicia en España estaba de espaldas a la Administración. La digitalización de la justicia era en silos por cada uno de los ámbitos y prácticamente no se hablaban unos con otros. Lo hemos integrado con el sistema de intercambio de registros y hemos hecho que la administración de justicia se pueda comunicar en electrónico en automático con todas las administraciones públicas.
Ahora mismo tenemos más de 229.000 oficios que se han mandado desde órganos judiciales a administraciones públicas.
Vengo ahora de la Audiencia Nacional. Les integramos y han mandado 88.000 peticiones a las administraciones públicas. Esas peticiones, para que te hagas una idea, salían del juzgado impresas e iban a registro y reparto. De ahí tenían que ir en correo a la administración que lo recibía en su receptor de papel. En resumen, esto supone por los datos del sistema de intercambio de registros, una reducción de 15 días en cada una de las comunicaciones de los procesos judiciales.
Hemos automatizado también la vuelta. Lo que es el expediente administrativo ahora se está integrando, de manera totalmente automática y orientado al dato, a lo que es el expediente judicial electrónico. Estamos hablando de quitar camiones llenos de cajas de papel que iban a la Audiencia Nacional o al Juzgado de Andalucía, por ejemplo.
También hemos conseguido la interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal del Estado con el sistema del Supremo. Antes había barcos que salían de Canarias con camiones de expedientes en papel. Que tenían que llegar a península, transportarse hasta Madrid, cargarlo en el Supremo y digitalizarlos, porque el Supremo tiene expediente digital.
¿También prevé un análisis de datos?
Estamos consiguiendo resultados en la transformación de la justicia en la justicia orientada al dato. Hasta ahora la justicia en España en general era digital; había comunidades autónomas que todavía no lo tenían digitalizado, pero era digital. Pero esa digitalización estaba orientada al documento. Es decir, lo que tenías era un PDF escaneado, que tenía que leer un funcionario.
Aún hay comunidades autónomas que todavía están digitalizando el expediente, como para hablar de la orientación al dato, pero sí que hemos conseguido ese acuerdo entre todos de orientar la Justicia del dato y de hecho uno de los grandes proyectos nuevos en todo lo relacionado con el proceso concursal en la actualidad está 100% orientada al dato, es decir, en los procedimientos completamente nuevos estamos empezando a trabajar directamente orientados al dato desde el inicio.
«Estamos consiguiendo resultados en la transformación de la justicia en la justicia orientada al dato»
¿Tiene algo que ver el manifiesto por un espacio público de datos en el ámbito de la justicia impulsado recientemente?
Es muy significativo porque primero hemos conseguido un acuerdo de todos. El manifiesto del dato en la administración de justicia lo apoyado el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía, todas las comunidades autónomas todas y el Ministerio. Esto, per se, es una cuestión interesante. Y luego, aparte, somos el primer vertical que hemos conseguido este tipo de manifiestos que no son baladís.
El dato es un bien público, el dato está en control de ciudadano, el dato es para conseguir mejorar el servicio público. ¿Cómo se protege? ¿Cómo se comparte cómo crear un espacio de confianza para tomar determinadas decisiones? Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con ningún otro personal en el lago de datos de la justicia, no nos interesa para tomar la decisión, no lo necesitas.
Lo que tienes que saber es por qué funciona bien, un ámbito u otro y por qué eso te permite tomar decisiones de política pública que luego puedes mejorar el funcionamiento y al final lo que lo que mejoras es la vida de los ciudadanos.
Si tú no tienes datos y no los tienes con esta visualización, con esta facilidad de ver qué es lo que pasa, ya nunca te enteras. Por eso la justicia orientada al dato está siendo tan determinante, lo que es el cambio de funcionamiento y de la efectividad del sistema judicial que poco a poco se está viendo.
El enfoque de aplicación de soluciones orientadas al dato no dista mucho del que impera en la empresa privada. Al final se trata de eficientar procesos.
Lo que pasa es que hasta ahora en justicia la ciudadanía lo tiene asociado algo, si me lo permites, antiguo, que no es algo innovador. Lo que hemos conseguido en esta legislatura es que hay primero una apertura, una cogobernanza, una cuestión real de colaboración con operadores; con profesionales abogados, abogados sociales, procuradores; con empresas, tenemos el foro de transformación digital con la CEOE, y con las administraciones públicas. Esto lo que te permite es montar en conjunto proyectos innovadores. Y con una ventaja muy importante en el ámbito de legaltech del sector TIC muy significativo: si funciona en justicia, funciona en todos los sitios.
¿Cómo valoras la irrupción de la IA generativa en el sector de la justicia? Estamos viendo que ya hay empresas y consultoras que lo están implementando en sus plantillas y en sus procesos. ¿Cómo valoras estas cuestiones?
Por un lado, tenemos que hacer un esfuerzo todos de comunicación o de explicación. A veces el sector TIC especialmente, coge una palabra o coge un tema. Eso se pone de moda y ya se utiliza para vender artículos, para posicionar herramientas.
Lo primero que tenemos que llegar a cierto acuerdo es ¿qué es inteligencia artificial? porque yo he visto que inteligencia artificial al final es prácticamente cualquier cosa que se haga con la máquina. Por cómo has hecho la pregunta, yo creo que está más cercana a lo que yo creo que es inteligente artificial la inteligencia artificial real, o sea, la que es capaz de aprender es capaz de adaptarse y es capaz de tomar decisiones de manera autónoma, que incluso no es capaz de explicar.
Saber hasta dónde llega esa aplicación de la inteligencia artificial en justicia es muy importante. Si no diferenciamos lo que es inteligencia artificial, generativa, redes neuronales, deep learning de lo que es los típicos procesos de algoritmos que ahora con la robotización se llaman de manera mucho más interesante y que realmente la gente dice que es inteligencia artificial, tenemos un problema porque en el ámbito jurisdiccional se dice hay ciertos límites.
«Hay mucho campo donde aplicar la inteligencia artificial; no en la parte de decisión jurisdiccional, sino de la parte de apoyo»
Considerando esos límites con los que estoy completamente de acuerdo, hay mucho campo donde aplicar la inteligencia artificial; no en la parte de decisión jurisdiccional, sino de la parte de apoyo.
A las empresas y al sector privado lo que les gusta vender es el juez robot. Y el juez robot, lo primero, seguramente será de lo que más dudas éticas tenga. Y lo segundo, es donde menos campo [de aplicación] hay, o sea, hay un campo enorme para aplicar toda la parte de inteligencia artificial en justicia.
Primero hay que discernir a qué llamamos a inteligencia artificial. Segundo, hay que formar e informar para que todo lo que sea toma de decisiones basadas en reglas y en funcionamiento no de miedo al sector Justicia o a cualquier sector.
O sea, puedes tomar esas decisiones, esos trabajos y en el caso de la inteligencia artificial orientarlo a aquellos sitios donde puede aportar un tremendo valor añadido sin entrar en la decisión jurisdiccional dicho todo esto, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto de textualización.
¿De transcripción?
No se transcribe porque transcribir es un concepto jurídico determinado. Hablamos de textualización porque no tiene ningún tipo de valor procesal.
Pero tiene un valor fundamental, que es que tienes todo en un texto, con lo cual puedes cortar, pegar y demás, pero sobre todo, puedes buscar de manera inmediata un punto concreto dentro de todo un juicio de ni se sabe la cantidad.
Ahí es donde aporta la inteligencia.
Está también en producción la anonimización de documentos. Antes, cuando tenías que anonimizar un documento, pues tenías que ir con el típex. Y hay otro que también está funcionando muy bien que es la clasificación de documentos, lo que es el trabajo de las oficinas de registro y reparto, que tienen que ver dónde lo mandan, la IA te lo procesa y te lo puede encaminar automáticamente.
Son todos procesos en los que no está impactada la decisión jurisdiccional y no hay ningún tipo de riesgo; si se equivoca el sistema cuando llega al juzgado que no es va y lo redirige.
Hablabas antes de esta percepción de la justicia como una entidad muy lenta, tal vez muy antigua, mastodóntica. Sin embargo, se están tomando muchas medidas y hay muchos proyectos de digitalización en marcha. ¿Crees que la percepción es errónea?
Aquí hay aquí dos cuestiones; la primera es que ya se nota. Ya no es que estemos con proyectos o iniciativas, es que en muchos casos estamos con realidades. Si os metéis en los foros o en las empresas que ayudan a la gente a las concesiones de nacionalidad, veréis que lo que ponen es que no sabemos qué está haciendo el ministerio, pero antes lo que tardaba cinco años literalmente se está concediendo en seis meses.
Estas son mejoras palpables gracias, en este caso, a los proyectos de robotización.
Otro ejemplo. Antes un abogado tenía que pedir cita previa desplazarse desde su municipio hasta el juzgado, que el funcionario estuviera en su sitio y disponible para atenderle, si ese expediente estaba en papel tenía que coger el papel y hacer fotocopias. Actualmente, desde casa, a través de Internet, no solamente accede directamente al expediente a través de Internet, sino que tiene estas funcionalidades avanzadas de ver el vídeo y ver la textualización del vídeo y poder buscar espacios o puntos en el vídeo que le puedan interesar. Esto es un antes y un después no solamente en la mejora de la justicia sino en la competitividad del país.
¿Qué necesidades TI quedan aún por resolver?
Tenemos un problema de disponibilidad de personal. Más que escasez de talento hay una gran demanda y es algo que está cambiando un poco las reglas del juego.
Los fondos europeos de transformación y resiliencia principalmente son para cuestiones sostenibles, verdes y digitalización. Europa se ha puesto a comprar esto de manera masiva; todos al mismo tiempo. Y se ha roto el mercado. Esto, unido al covid, a la crisis de suministros, que en la parte de hardware nos ha afectado tremendamente, y a la necesidad de tener personal especializado en nuevas tecnologías que están avanzando mucho más rápido.
¿Qué estamos intentando hacer para solventarlo? Pues primero, como digo, mucha colaboración con el sector privado para intentar que haya más capacidad en estas materias. Segundo, estamos colaborando también con universidades con la parte de difusión que se nos pide en relación a animar a más gente a que se apunte a este tipo de salidas profesionales que no solamente es con carrera universitaria, también la hay conformación profesional o sin carrera.
En el caso de los funcionarios, y ya que no les podemos pagar como en el sector privado, estamos intentando que tengan ese interés de estar en un servicio público que hace proyectos interesantes y con perspectivas de futuro.
«Lo que tardaba cinco años literalmente se está concediendo en seis meses»
¿Y más allá del talento, que más necesidades puramente tecnológicas no están resueltas aún?
Teníamos mucho legacy y lamentablemente había mucha cuestión heredada que estaba muy obsoleta, estamos cambiando el motor en mitad del vuelo del avión.
Estamos consiguiendo hacer nuevos proyectos y proyectos con nuevas tecnologías. Tenemos proyectos en low-code que están funcionando muy bien. También la orientación al dato está funcionando muy bien, pero al mismo tiempo hay auténticos dinosaurios tecnológicos que están dando servicios críticos de país.
¿Cómo ha afectado la situación global a la política en ciberseguridad, si es que lo ha hecho de algún modo?
Es una prioridad de este ministerio propulsar el salto digital provocado por la pandemia garantizando la seguridad de los sistemas que han permitido ese salto. De este modo, los esfuerzos se han centrado en facilitar el teletrabajo de forma segura incrementando los niveles de seguridad y mejorando la capacidad de reacción ante ciber ataques y otros incidentes de seguridad que puedan producirse.
Se ha hecho hincapié en el refuerzo de los mecanismos de detección y vigilancia de los puestos de trabajo para detectar procesos o archivos sospechosos; el incremento de los requisitos de seguridad y mecanismos adicionales de protección en la autenticación de los usuarios para acceder a los sistemas de información, así como la realización de inspecciones técnicas de seguridad sobre los sistemas que posibilitan el teletrabajo. Además, desde el Ministerio de Justicia, tenemos entre nuestras prioridades, trasladar la importancia de este problema a todos los profesionales de la justicia y la ciudadanía.
¿Qué pasos dará la Administración de Justicia en un futuro próximo en materia de digitalización?
Todavía queda mucho camino por recorrer. Las leyes propuestas deben aprobarse, si bien, esto no ha impedido que arranquen los proyectos, es fundamental que se aprueben y que doten de ese marco normativo sólido a todas las acciones.
Las tres leyes replantean el proceso, la organización y plantean un macroproyecto de digitalización. Los agentes implicados ya conocen esta normativa, se trata de que las cuestiones contempladas en estas leyes sean ya realidades en cuando se publiquen.
La Leyes de eficiencia organizativa y digital están más avanzadas.
La Ley de eficiencia organizativa propone un cambio organizativo viable gracias a la transformación digital. El nuevo sistema de tribunales de instancia, oficinas de justicia en el municipio, y la posibilidad del trabajo a distancia, facilitan una reorganización virtual muy eficiente, en tiempos cortos y sin grandes inversiones.
La Ley de Eficiencia Procesal va a introducir cambios orientados a que los procedimientos sean más cortos y que, por lo tanto, las personas obtengan una respuesta más ágil cuando acuden a la Administración de Justicia. Por ejemplo, se introduce la posibilidad de que el resultado de un pleito sirva para la solución de los cientos o miles que se puedan haber interpuesto por otras tantas personas por los mismos motivos. Son los de nominados “pleitos testigo”.
La Ley de Eficiencia Digital pretende dotar de un marco legal a toda la transformación digital sobre la que se asientan las otras dos leyes. Uno de sus principales objetivos es situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea.