¿Por qué es necesaria una Carta de Derechos Digitales?

Un grupo de expertos trabaja con el Gobierno en la elaboración de un documento que desarrolle la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales. Dos de ellos, Ofelia Tejerina y Miguel Pérez Subías, explican a ComputerWorld la razón y objetivos de esta iniciativa.

A mediados de junio el Gobierno ponía en marcha una iniciativa para elaborar una ‘Carta de Derechos Digitales’ con la colaboración de 18 expertos entre los que se encuentran juristas, representantes de usuarios e internautas, catedráticos de derechos digitales y consultores tecnológicos y de ciberseguridad. El objetivo del proyecto es “desarrollar la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales, teniendo en cuenta el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, entre otros aspectos”. 

Será el Gobierno quien redacte la Carta definitiva sumando las aportaciones realizadas por los citados expertos y la propia ciudadanía, a la que se realizará una consulta pública. Pero, ¿es realmente necesaria esta iniciativa cuando el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales ya está dedicado a garantizar los derechos digitales de la ciudadanía (en él se citan algunos como los relacionados con la protección de datos, el ámbito laboral, la protección de los menores o con los medios de comunicación y las redes sociales)? ¿En qué aspectos se centrará el escrito y cómo se pueden definir dichos derechos para que esto no quede en agua de borrajas?  

El propósito de todo esto, como explica a ComputerWorld la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas en España, es que “no se quede en una mera declaración de voluntades, sino que el resultado sea muy práctico. En el mundo del derecho existen principios fundamentales que ya se especifican en la Constitución y lo que hay que hacer es sentar las bases y ordenar cómo encajan en el mundo digital. Por otro lado, hay que proporcionar garantías jurídicas pues, si no, todo esto se quedará en papel mojado”.

“La constitución de este grupo de expertos y la consulta pública son dos buenas noticias que enmiendan, al menos en la forma, alguno de los errores cometidos en el anterior ejercicio legislativo”, indica a esta publicación Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Éste recuerda que el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales “se elaboró y aprobó con el respaldo de todos los partidos sin ningún debate previo y terminó con una Sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales alguno de los artículos allí recogidos, tal y como denunciamos algunas asociaciones ante el Defensor del Pueblo”.

Además, en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales hay algunos derechos que no se recogen de forma expresa, como los relacionados con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales que han surgido como fruto del impulso del teletrabajo o el impacto en el empleo y la sociedad de tecnologías como la inteligencia artificial. 

«Las situaciones vividas con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19 han evidenciado que hay una brecha digital real»

Estar conectados es también un derecho

Para Pérez Subías, es deseable que, “más allá de la Carta, se pongan en marcha políticas e instrumentos que garanticen y refuercen los derechos fundamentales a través del uso que los ciudadanos hacemos de las nuevas tecnologías”. El experto menciona en concreto el derecho de las personas a estar conectadas, pues “las situaciones vividas con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19 han evidenciado que hay una brecha real y que la falta de recursos, conocimientos o habilidades para usar los dispositivos ha dejado atrás a personas que no han podido teletrabajar, seguir las clases desde su hogar o estar en contacto con sus seres queridos en momentos de aislamiento y enfermedad”. Este derecho, asevera, es “una condición necesaria para desarrollar otros como el acceso a la información, al trabajo, a la cultura o a la participación social y política por citar solo algunos”.

Por otro lado, el experto menciona la urgencia de reequilibrar el poder de los datos, unos activos que se encuentran en el epicentro del modelo económico actual. “Necesitamos un cambio urgente de modelo para que el ecosistema creado en torno a los datos sea sostenible a medio plazo y este cambio pasa por poner al ciudadano en el centro, por que haya una mayor competencia y un mejor reparto de los beneficios que generan”, apunta. Pérez Subías recalca que el usuario debe poder controlar “quién, cómo y para qué se utilizan sus datos y los que los usan deben hacerlo con transparencia”. 

Finalmente, el experto subraya la emergencia de garantizar la seguridad y la libertad de expresión. “En el mundo actual, cada movimiento y cada acto va dejando huella en la red”, apunta, señalando que “casi todos los actos de expresión son ahora observables los proveedores y también para empresas y gobiernos”. Una situación que “no tiene precedentes”. “No podemos  comunicarnos con nuestros amigos y colegas sin que alguien lo sepa. No podemos movernos por las ciudades, países y continentes y reunirnos con quien queremos sin que se sepa. No podemos seguir y unirnos a grupos y movimientos sin temer que se revelen nuestras identidades”. La protección de la libre expresión, recuerda, se considera en general un bien común. Y “el menosprecio del derecho a la privacidad penaliza la libertad de expresión”.

“Es crucial que avancemos para reconocer la importancia de proteger y promover el derecho a la privacidad, tanto como un fin esencial en sí mismo, como un prerrequisito fundamental para la libertad de expresión, pensamiento e información”, espeta.

«Todos los derechos están conectados. Por ejemplo, para el derecho al teletrabajo hay que tener en cuenta el derecho a la privacidad»

Antecedentes 

La intención de adaptar la legislación española a la sociedad digital viene de atrás, incluso de otras legislaturas. Tanto Tejerina como Pérez Subías estaban, de hecho, en un grupo de expertos que se creó en 2017 bajo el Gobierno del PP de Rajoy. 

En dicho grupo (compuesto por siete expertos) ya se trabajó para abordar cuestiones como la libertad de información y comunicación, la privacidad, la propiedad intelectual, el derecho al olvido, la igualdad y la protección del menor, entre otros. De ahí surgió el libro Sociedad digital y derecho, elaborado bajo la dirección de Tomás de la Quadra-Salcedo y José Luis Piñar y centrado en la posición del ciudadano frente al mundo digital y la necesidad de garantizar su acceso a los servicios públicos mediante el uso, ya obligado, de las nuevas tecnologías. “Mi idea es partir de este documento como base para realizar la consulta pública”, expone Tejerina.

La experta añade: “En realidad todos los derechos están conectados. Por ejemplo, para el derecho al teletrabajo hay que tener en cuenta el derecho a la privacidad”.

Otros países como Italia o Francia ya han adaptado sus legislaciones al ámbito digital y en el seno de la UE se trabaja activamente en esta materia. Es más, en los últimos años se ha avanzado mucho en algunos aspectos como la protección de los datos personales con textos claves como el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GPDR). 

Tejerina espera que la nueva Carta de Derechos Digitales esté lista a finales de este año. La pandemia y el uso intensivo de la tecnología, recalca Tejerina, han sido claves para acelerar este proceso. 

Fuente: https://www.computerworld.es/