El presupuesto de sanidad en ciberseguridad crece en 2019.
A pesar de que el sector sanitario español ha invertido menos en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en 2019, las partidas para seguridad siguen en aumento dentro del gasto total de las comunidades autónomas. Esta es una de las principales conclusiones que arrojan los resultados preliminares del Índice Seis, que elabora anualmente la Sociedad Española de Informática de la Salud. Así, las comunidades autónomas han ocupado un 2,88% del desembolso total (707 millones de euros) en ciberseguridad, lo que supone una partida de 20,4 millones de euros y un aumento del 23,59% respecto a 2018. En cuanto a la inversión total en TIC, esta ha caído un 3% respecto al ejercicio anterior.
Este crecimiento en ciberseguridad es proporcional a la relevancia que está adquiriendo la industria como uno de los pilares de la transformación digital. La protección de los datos personales se ha convertido un imperativo para todas las organizaciones, más en algunos sectores como el propio sanitario, por el carácter confidencial de la información que trata. Además, regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, de sus siglas inglesas) alientan a las corporaciones a cumplir y a aumentar sus buenas prácticas de seguridad a riesgo de posibles sanciones económicas. De este modo, el gasto en seguridad de los sistemas de información ha ascendido un 50% desde 2016.
Sobre buenas prácticas, el documento revela que el 88,24% de las comunidades autónomas ya cuenta con una unidad específica para temas de ciberseguridad, un 15,39% más que en 2018. Además, exactamente el mismo porcentaje que el año anterior (82,35%) cuenta con políticas oficiales definidas en este ámbito, mientras que el 52,94% de las comunidades autónomas realizaron una auditoría de seguridad en 2019, es decir, un 28,56% más que en 2018.
Además, el estudio contempla la situación y el nombramiento de Delegados de Protección de Datos (DPO, en inglés), figura que introduce GDPR. Así, en 2019 aún no se había nombrado DPO en dos comunidades autónomas, mientras que en otras tres éste tiene competencias en sanidad compartidas con las de otras consejerías; en 2018 eran cuatro las comunidades autónomas.
Fuente: https://cso.computerworld.es/